Las autoridades de los Países Bajos confirmaron el primer caso de eutanasia en un menor de entre 1 y 12 años desde la entrada en vigor, en febrero de 2024, de la normativa que regula la terminación de la vida en niños con enfermedades incurables y sufrimiento insoportable.
La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar estos casos recibió la notificación a finales del año pasado y recientemente concluyó su revisión. El expediente ya fue remitido a la Fiscalía, que deberá determinar si el médico actuó conforme a la legislación vigente.
Las autoridades no han revelado la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía. Según la ministra, el caso fue analizado por la comisión especializada, que escuchó al médico responsable antes de emitir su dictamen.
La normativa permite la eutanasia infantil en casos excepcionales, cuando se trata de pacientes en fase terminal, con sufrimiento insoportable y sin perspectivas de mejoría, siempre con consentimiento de los padres y evaluación de un médico independiente.
La regulación neerlandesa, en vigor desde febrero de 2024, amplió el marco legal para incluir a niños de entre 1 y 12 años, además de los recién nacidos y menores mayores de 12 años, ya contemplados previamente.
Se estima que alrededor de cinco niños al año podrían cumplir los requisitos para acceder a este procedimiento, especialmente en casos de enfermedades congénitas o patologías metabólicas graves.
La medida ha generado un intenso debate en los Países Bajos. Sectores conservadores y confesionales han cuestionado la ampliación de la eutanasia, mientras que asociaciones médicas sostienen que la normativa ofrece un marco legal para situaciones de sufrimiento extremo sin alternativas terapéuticas.
El informe oficial también detalló que en 2025 se registraron tres casos de interrupciones tardías del embarazo, todos vinculados a fetos con graves daños cerebrales provocados por infecciones congénitas por citomegalovirus.
En esos casos, los médicos determinaron que no existían tratamientos eficaces y que los recién nacidos habrían enfrentado severas discapacidades neurológicas, epilepsia de difícil control y dependencia total de cuidados.
La comisión concluyó que los profesionales actuaron conforme a los requisitos legales de diligencia, y hasta el momento la Fiscalía no ha procesado a ningún médico en los casos revisados.