La violencia asociada a la minería ilegal volvió a sacudir la provincia de Pataz, en la región La Libertad, luego de que un ataque con explosivos contra instalaciones de Minera Poderosa dejara trabajadores heridos y daños materiales durante la madrugada de este miércoles.
El atentado ocurrió en las oficinas administrativas de Santa María, una de las unidades vinculadas a las operaciones de la compañía minera, en una zona que permanece bajo estado de emergencia debido a la presencia de organizaciones criminales relacionadas con actividades extractivas ilegales.
A través de un comunicado, Minera Poderosa informó que sujetos desconocidos lanzaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de las oficinas administrativas.
La detonación causó daños en diversas áreas de la infraestructura y afectó a dos trabajadores de una empresa contratista que realizaban labores en el lugar al momento del ataque.
Según precisó la compañía, ambos sufrieron lesiones auditivas producto de la explosión y fueron atendidos de inmediato antes de ser trasladados de emergencia a la ciudad de Trujillo para recibir atención médica especializada.
Tras el atentado, la empresa activó sus protocolos de contingencia y reforzó las medidas de seguridad en la zona, además de coordinar con las autoridades para facilitar las investigaciones.
La minera calificó el hecho como un acto terrorista y exigió una respuesta firme del Estado frente a la escalada de violencia que afecta a Pataz.
“Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura”, señaló la empresa en su pronunciamiento.
Asimismo, reiteró su compromiso con el desarrollo de una minería formal, segura y sostenible, en beneficio de las comunidades ubicadas en su área de influencia.
Tras conocerse el ataque, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación por el incremento de actos violentos atribuidos a organizaciones vinculadas a la minería ilegal.
El gremio señaló que estos grupos buscan tomar el control de concesiones pertenecientes a operaciones formales y advirtió que los ataques ya no solo afectan a trabajadores en los socavones, sino también a instalaciones estratégicas.
Campamentos, oficinas administrativas e infraestructura operativa figuran ahora entre los principales objetivos de estas organizaciones criminales, según la SNMPE.
La situación genera especial preocupación debido a que la provincia permanece bajo estado de emergencia y cuenta con presencia permanente de efectivos policiales y militares.
Pese a ello, los episodios de violencia continúan registrándose en distintos puntos de la jurisdicción.
“No se puede tolerar que la criminalidad asociada a la minería ilegal continúe amenazando la seguridad de los habitantes de Pataz y de los trabajadores de las empresas mineras formales”, sostuvo el gremio empresarial.
La SNMPE exhortó al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad y ejecutar una estrategia integral para combatir a las organizaciones criminales que operan en la zona.
Según el gremio, la minería ilegal no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que también afecta el empleo formal, las inversiones y el desarrollo económico de la región.
Las autoridades continúan investigando el atentado mientras crece la preocupación por la expansión de la violencia en una de las principales zonas mineras del país.