El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano, adecuando la legislación nacional a los estándares establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La iniciativa, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, crea un nuevo capítulo denominado “Delitos de lesa humanidad” dentro del Código Penal y establece criterios específicos para determinar cuándo conductas como asesinato, tortura, desaparición forzada o violencia sexual pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad.

Según el texto aprobado, estos delitos solo podrán ser catalogados bajo dicha figura cuando formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. De no cumplirse estas condiciones, los hechos serán procesados como delitos comunes.

La propuesta contempla penas que van desde los 30 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad de los involucrados.

Buscan adecuar la legislación peruana al Estatuto de Roma

El abogado penalista Carlos Caro explicó que la norma busca cerrar una brecha legal existente desde hace más de dos décadas, pese a que el Perú forma parte de la Corte Penal Internacional.

“El Estado peruano mantenía pendiente la incorporación expresa de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en su legislación interna, a diferencia de otros países de la región que ya realizaron estas modificaciones”, señaló.

El especialista precisó que delitos como tortura o discriminación ya existen en la legislación peruana, pero aclaró que no deben confundirse con los delitos de lesa humanidad, que requieren elementos adicionales como sistematicidad y masividad en los ataques.

Polémica por ley que fortalece el fuero militar policial

En paralelo, el Congreso aprobó en segunda votación una norma que establece que los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas serán procesados exclusivamente en el fuero militar policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

La ley considera delitos de función aquellos actos ilícitos que pudieran ocurrir durante operativos, intervenciones o estados de emergencia.

Además, dispone que los procesos abiertos en la justicia ordinaria deberán archivarse si existe una investigación en la jurisdicción militar, impidiendo que los jueces civiles continúen con dichos casos.

Especialistas advierten posible inconstitucionalidad

La aprobación de esta norma ha generado cuestionamientos de diversos sectores. El abogado Carlos Caro sostuvo que la iniciativa debería ser observada por el Ejecutivo debido a que podría contradecir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Según explicó, la jurisdicción militar solo puede intervenir en delitos que afecten bienes jurídicos estrictamente militares, como la disciplina castrense, la obediencia militar o conductas relacionadas con la seguridad institucional.

“El problema surge cuando se pretende trasladar al fuero militar casos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos, homicidios o lesiones cometidas durante estados de emergencia, porque eso podría resultar inconstitucional”, advirtió.

Debate continuará en el Congreso y el Ejecutivo

Mientras la propuesta sobre delitos de lesa humanidad aún debe superar una segunda votación antes de convertirse en ley, la norma sobre el fuero militar policial ya quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo.

Ambas iniciativas han reabierto el debate sobre la lucha contra la impunidad, la protección de los derechos humanos y los límites de la justicia militar en el Perú.