La vuelta de la bicameralidad en el Perú no solo modificará la forma de elegir a diputados y senadores, sino que también incrementará significativamente el financiamiento público directo destinado a los partidos políticos. Según especialistas, las organizaciones con representación parlamentaria deberán repartirse más de S/ 222 millones, una cifra que supera ampliamente los montos entregados en el actual periodo legislativo.
De acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, el aumento responde a la nueva fórmula de distribución que se aplicará con el retorno del Congreso bicameral.
Durante el periodo legislativo 2021-2026, los partidos políticos recibieron cerca de S/ 78 millones como financiamiento público directo. Sin embargo, con la nueva metodología, el monto superará los S/ 222 millones, lo que representa un incremento aproximado del 185%.
Los recursos serán distribuidos entre las agrupaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria, entre ellas Fuerza Popular, Ahora Nación, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, considerando la cantidad de votos obtenidos y el cálculo establecido en la normativa vigente.
Según explicó Naupari, la diferencia radica en que la fórmula de asignación ahora se aplicará a un Parlamento con dos cámaras.
“Ahora el Congreso tiene dos cámaras y una cámara es elegida por dos modalidades, y eso es lo que está generando que se incremente este monto”, señaló el especialista.
Naupari sostuvo que el origen de este incremento es consecuencia de decisiones adoptadas por las propias organizaciones políticas con representación en el actual Congreso.
El experto indicó que la aprobación de las normas que permitieron el retorno de la bicameralidad y la modificación de los criterios de financiamiento fueron respaldadas por las fuerzas políticas que integran el Parlamento que culminará funciones en 2026.
El abogado recordó que el financiamiento público directo tiene fines específicos y no puede ser utilizado de manera discrecional por las agrupaciones políticas.
Advirtió que estos recursos deben destinarse a actividades permitidas por la ley y no a la devolución de favores políticos, campañas encubiertas o capacitaciones irregulares.
Asimismo, precisó que el uso indebido del dinero podría generar sanciones para los partidos, incluyendo multas económicas o restricciones en futuras entregas de financiamiento estatal.
El incremento del financiamiento público tiene su origen en una disposición incorporada en la Ley de Presupuesto 2026, propuesta durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y posteriormente aprobada por el Congreso.
Con la entrada en vigor del sistema bicameral, el debate sobre el costo de la representación política y el uso de recursos públicos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado.