El juez Richard Concepción Carhuancho afirmó que la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) responde a razones políticas y no a fundamentos jurídicos. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en un pódcast conducido por el periodista César Hildebrandt.

El magistrado, recordado por haber ordenado en 2018 la detención preliminar y posteriormente la prisión preventiva de Keiko Fujimori en el archivado caso Cócteles, sostuvo que la sanción en su contra fue aplicada de manera desigual respecto a otros integrantes del sistema de justicia.

“Yo lo tengo claro”, respondió cuando fue consultado sobre si considera que está siendo sancionado por decisiones adoptadas durante su desempeño como juez en procesos de alta relevancia política.

Carhuancho cuestiona fundamentos de la sanción

Según explicó, la Ley de la Carrera Judicial le permite ejercer la docencia en entidades privadas no universitarias, actividad por la que fue cuestionado en el proceso disciplinario.

“Estaba dentro de la excepción. Además, muchos magistrados, fiscales y jueces también enseñan en estas entidades no universitarias. A ellos no les pasó nada. En mi caso sí aplicaron toda la batería disciplinaria para suspenderme”, afirmó.

El magistrado consideró que la medida adoptada por la JNJ no fue aplicada bajo los mismos criterios utilizados para otros funcionarios del sistema judicial.

Recuerda que la prisión preventiva contra Fujimori fue ratificada

Carhuancho también defendió la decisión que tomó en 2018 al dictar 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, argumentando que esta fue respaldada por diversas instancias judiciales.

“Se pone el reflector en mi persona, pero se olvida que mi decisión fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones”, señaló.

Asimismo, recordó que el caso llegó hasta la Corte Suprema, donde la medida fue ratificada en casación, aunque posteriormente se redujo su duración de 36 a 18 meses mediante un voto dirimente.

El 4 de enero de 2019, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la medida cautelar. Meses después, el 12 de septiembre de ese mismo año, la Corte Suprema mantuvo la prisión preventiva, pero disminuyó el plazo inicialmente establecido.

Posteriormente, en abril de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un hábeas corpus presentado por Fujimori, permitiendo su salida en libertad.

Advierte más procesos disciplinarios y cuestiona declaraciones políticas

El juez reveló que actualmente afronta otros dos procedimientos ante la JNJ, uno de ellos originado por una denuncia presentada por el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

En ese contexto, hizo referencia a declaraciones realizadas anteriormente por el legislador respecto al Poder Judicial.

“Quisiera saber cuál va a ser la escoba con la cual se va a barrer, por lo menos para poder estar advertido”, comentó.

Denuncia retiro de seguridad policial

Otro de los puntos abordados por Carhuancho fue su situación de seguridad personal. El magistrado denunció que a inicios de año le fue retirada la protección policial que recibía y señaló que hasta el momento no ha obtenido respuesta a sus solicitudes para recuperar dicho resguardo.

Según indicó, la medida fue adoptada por disposición del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

“Yo no busco victimizarme, solo busco defender mis derechos y protegerme de cualquier riesgo”, manifestó.

El juez argumentó que, a lo largo de su trayectoria, ha estado a cargo de investigaciones vinculadas a criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas y sicariato, entre otros casos de alto impacto, por lo que considera necesario mantener medidas de protección.