El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González, enfrenta una grave controversia luego de que una investigación del programa Cuarto Poder revelara presuntas irregularidades en la documentación utilizada para acreditar su experiencia profesional en diversas entidades del Estado.
Según el reportaje, el actual integrante del gabinete del presidente José María Balcázar habría presentado un certificado laboral cuya autenticidad es cuestionada y que habría sido determinante para acceder a varios cargos públicos antes de convertirse en ministro.
La investigación señala que el documento en cuestión está fechado el 30 de noviembre de 2017 y consigna que Solano González trabajó como jefe legal de la empresa JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017.
Sin embargo, el gerente general de la compañía, Carlos Ubillus Urbina, remitió una comunicación formal al Ministerio de Trabajo en junio de 2024 indicando que dicho certificado no corresponde a la empresa.
Según la carta citada en el reportaje, la firma consignada no pertenecería al representante legal y el documento tampoco utilizaría el membrete oficial de la compañía.
“Me extrañó que sea ministro a pesar de todo”, declaró Ubillus Urbina durante la investigación periodística.
De acuerdo con la información difundida por Cuarto Poder, el certificado habría sido presentado en octubre de 2023 para sustentar la experiencia requerida para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
El especialista en contrataciones del Estado José Antonio Trelles sostuvo que, sin esa experiencia acreditada, Solano González no habría cumplido con los requisitos mínimos exigidos para ocupar dicho cargo.
La investigación añade que el mismo documento habría sido utilizado en otros procesos de contratación dentro de entidades estatales.
Antes de asumir el Ministerio de Trabajo el 29 de mayo de 2026, Solano González ocupó diversos cargos en organismos públicos.
Según el reportaje, trabajó en:
Los puestos desempeñados contemplaban remuneraciones que fluctuaban entre los 15 mil y 19 mil soles mensuales.
La abogada Sara Lozano, representante legal del ministro, negó que su patrocinado haya presentado documentación falsa.
Según indicó, Solano González sí habría prestado servicios para la empresa mencionada y rechazó cualquier participación en la elaboración de documentos irregulares.
“No hemos presentado ningún tipo de documentación falsa”, afirmó la defensa durante el reportaje.
La investigación también señala que el área de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo habría advertido presuntas irregularidades desde julio de 2023.
Posteriormente, un informe técnico emitido en mayo de 2026 recomendó iniciar un procedimiento administrativo disciplinario al considerar que existían elementos que apuntaban a una posible falsedad documental.
No obstante, el 25 de junio de 2026, el secretario general del ministerio, José Díaz Callirgos, dispuso el archivo definitivo del caso y dio por concluido el procedimiento administrativo.
El especialista José Antonio Trelles recordó que la presentación de documentos falsos ante entidades públicas podría configurar un delito y derivar tanto en responsabilidades administrativas como penales.
Asimismo, señaló que situaciones de esta naturaleza suelen requerir la intervención de las procuradurías correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.
Por ahora, el ministro Freddy José María Solano González continúa ejerciendo funciones al frente del Ministerio de Trabajo mientras la denuncia genera debate y cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación utilizados en los procesos de contratación del Estado.