El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, y el secretario de Organización, Juan Chicata, fueron detenidos la mañana de este martes por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de una investigación por los presuntos delitos de extorsión y coacción.

La intervención se realizó tras las denuncias presentadas por la empresa APM Contratistas Generales, en el marco de un conflicto laboral que mantiene paralizada una obra judicial en el distrito de Cerro Colorado.

Detención se produjo tras hechos de violencia en obra judicial

La medida policial ocurre luego de los incidentes registrados el lunes en la construcción del módulo de justicia del Poder Judicial, donde manifestantes ocasionaron daños al cerco perimétrico y destruyeron cámaras de seguridad instaladas en la zona.

De acuerdo con la denuncia presentada por la empresa, durante la protesta también se habría amedrentado a vecinos y transeúntes que circulaban por los alrededores de la obra.

Los dirigentes sindicales fueron intervenidos cuando salían de sus viviendas y posteriormente trasladados a la sede de Seguridad del Estado, ubicada en la calle San Francisco, en el Cercado de Arequipa.

Disputa surgió por contratación de trabajadores

El conflicto se originó por la exigencia del sindicato para que la empresa incorpore a trabajadores afiliados a Construcción Civil de Arequipa y deje de contratar personal procedente de otras regiones del país.

Sin embargo, según la información disponible, no existe una norma que obligue a las empresas privadas a contratar exclusivamente a trabajadores sindicalizados.

La obra permanece paralizada desde hace aproximadamente un mes debido a las protestas promovidas por el gremio, aunque los hechos más graves se habrían producido durante la manifestación realizada el último lunes.

Fiscalía emitió alerta preventiva

Antes de las detenciones, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Arequipa emitió una alerta preventiva dirigida a los dirigentes sindicales.

En el documento, la Fiscalía recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y advirtió que acciones como daños a la propiedad, bloqueos de vías y afectación de servicios públicos constituyen delitos sancionados por la ley.

Asimismo, precisó que estas conductas pueden ser castigadas con penas que alcanzarían hasta los 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos investigados.

Investigaciones continúan

Las autoridades continúan realizando diligencias para determinar el grado de participación de los dirigentes detenidos y de otros manifestantes en los hechos denunciados por la empresa constructora.

La investigación buscará establecer si existieron actos de extorsión, coacción u otras conductas ilícitas durante las protestas que afectan el desarrollo de la obra judicial en Cerro Colorado.