La reciente opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) ha reavivado el debate sobre la situación legal del expresidente Pedro Castillo. El presidente José María Balcázar reconoció este viernes que el pronunciamiento internacional podría influir en el análisis de un eventual indulto a favor del exmandatario.

Durante una entrevista con Radio Nacional, Balcázar señaló que el informe de la ONU “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional” respecto a la manera en que podría evaluarse una medida de gracia para Castillo. El jefe de Estado indicó que revisará el documento junto con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, una vez que retorne a Lima tras su viaje a Cusco.

“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, sostuvo el mandatario, quien precisó que si bien el pronunciamiento no tiene carácter vinculante para el Estado peruano, sí podría ser considerado dentro de una eventual solicitud de indulto.

Indulto dependerá de un pedido formal de la defensa

Balcázar remarcó que cualquier posibilidad de indulto requiere una solicitud expresa y debidamente sustentada por parte de la defensa legal del exgobernante.

Según explicó, los pedidos anteriores fueron rechazados porque no cumplían con los requisitos necesarios ni contaban con la documentación correspondiente. En ese sentido, señaló que el reciente informe de la ONU podría fortalecer una futura solicitud presentada bajo un nuevo contexto jurídico.

ONU considera arbitraria la detención de Pedro Castillo

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, fechado el 4 de junio y difundido por el portal El Foco, concluye que la detención de Pedro Castillo tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 se produjo sin una base legal suficiente.

De acuerdo con el informe, el exmandatario fue detenido sin una orden judicial previa, sin ser informado de los motivos de su arresto y sin que se respetara la inmunidad que ostentaba como presidente de la República.

Por mayoría, los expertos concluyeron que la privación de libertad contravino disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que solicitaron al Estado peruano disponer su liberación inmediata y otorgarle una indemnización.

Opiniones divididas dentro del panel de expertos

El pronunciamiento no fue unánime. Dos de los cinco integrantes del grupo, la jurista ucraniana Ganna Yudkivska y el experto surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, emitieron una opinión disidente.

Ambos sostuvieron que la detención de Castillo no puede considerarse arbitraria debido a que el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso relacionado con la libertad de expresión o la participación política.

Situación judicial de Pedro Castillo

Pedro Castillo permanece recluido en el Penal Barbadillo, en Ate, desde diciembre de 2022, luego de ser detenido en flagrancia tras anunciar la disolución del Congreso.

Posteriormente, la Corte Suprema ratificó la legalidad de la detención en doble instancia. Tras vencer el plazo inicial, se le impuso una prisión preventiva de 18 meses por el caso relacionado con el fallido golpe de Estado.

Finalmente, en diciembre de 2025, la Sala Penal Especial condenó al exmandatario a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.