El jefe del equipo de transferencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, Marco Vinelli, solicitó al Gobierno saliente de José María Balcázar que se abstenga de realizar nuevas designaciones, nombramientos y compromisos presupuestales extraordinarios durante el proceso de transferencia de gestión.

La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, bajo el título “Solicitud de medidas de prudencia administrativas durante el proceso de transferencia de gestión”.

Según el documento, la solicitud busca fortalecer la confianza pública y garantizar una transición ordenada entre la administración saliente y el próximo gobierno.

Piden evitar nuevas designaciones y compromisos extraordinarios

En la misiva, Vinelli solicita que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo eviten realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones o modificaciones de la estructura organizacional.

Asimismo, plantea que las entidades públicas se abstengan de asumir compromisos administrativos o presupuestales extraordinarios que no sean estrictamente necesarios para asegurar la continuidad de los servicios públicos.

No obstante, el pedido contempla excepciones para aquellos actos que respondan a una obligación legal, mandato judicial, situación de emergencia o necesidad pública debidamente sustentada.

“Esta solicitud se formula en atención a los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno”, señala el documento.

Solicitud surge tras reporte sobre designaciones en el Estado

El pedido de Vinelli se conoce luego de que un informe periodístico revelara que, a menos de un mes del cambio de gobierno, la administración de Balcázar efectuó 51 designaciones y reemplazos en ministerios, la PCM y otras entidades estatales.

La solicitud busca evitar decisiones administrativas que puedan comprometer la gestión entrante o generar cuestionamientos durante la etapa final del actual gobierno.

Keiko Fujimori respalda a Marco Vinelli

En medio de la controversia, Keiko Fujimori ratificó públicamente su respaldo a Marco Vinelli, pese a que el economista enfrenta una demanda impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante una actividad pública junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, Fujimori afirmó que mantiene plena confianza en el funcionario.

“Le ratifico mi confianza porque es un profesional competente que goza de integridad y, sobre todo, que conoce el sector de la agricultura en la cancha”, declaró la presidenta electa.

Asimismo, minimizó los cuestionamientos al señalar que los funcionarios públicos suelen estar expuestos a denuncias y procesos administrativos o judiciales.

Demanda por presuntos perjuicios al Estado

La demanda civil contra Vinelli tiene su origen en su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016.

De acuerdo con el expediente, revisado por medios nacionales, se le atribuye junto a otros siete exfuncionarios haber autorizado seis ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac sin el debido sustento técnico.

La Contraloría General de la República concluyó que dichas ampliaciones fueron aprobadas debido a retrasos y falta de respuesta institucional, lo que habría ocasionado perjuicios económicos al Estado.

Uno de los principales cuestionamientos señala que Vinelli notificó con 35 días de retraso una resolución relacionada con una prestación adicional de obra, situación que permitió al contratista acceder a una tercera ampliación automática y generó un presunto perjuicio de 82.936 soles.

Proceso judicial continúa en la vía civil

El proceso judicial registró diversos cambios en su tramitación. En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima rechazó inicialmente la demanda al considerar que se pretendía atribuir de manera solidaria el pago de 340.547 soles a todos los involucrados, pese a que las responsabilidades habían sido individualizadas.

Posteriormente, tras una apelación, la Primera Sala Laboral Permanente anuló el proceso y determinó que el caso no corresponde al fuero laboral.

La sala concluyó que, al tratarse de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, el expediente debe ser evaluado por la justicia civil, instancia donde continuará su trámite.