El expresidente Pedro Castillo solicitará al Poder Judicial la suspensión de la ejecución de la condena de 11 años y 5 meses de prisión que recibió en primera instancia por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La defensa del exmandatario sustentará su pedido en el reciente informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), organismo que concluyó que la detención inicial de Castillo fue arbitraria y recomendó su liberación.

Defensa acudirá a la Corte Suprema

Según se informó, los abogados del exjefe de Estado presentarán en las próximas horas un escrito ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, solicitando que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso de apelación presentado contra la condena.

Actualmente, el tribunal supremo aún no ha calificado las apelaciones formuladas por Castillo y por los otros condenados en este proceso: los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Antes de analizar el fondo de los recursos, la Corte Suprema deberá determinar si las apelaciones fueron correctamente concedidas. Superada esa etapa, se convocará a una audiencia de apelación, que podría desarrollarse durante la segunda mitad de 2026 o en el primer semestre de 2027.

Castillo exige su liberación inmediata

Tras la difusión del dictamen de la ONU, Castillo reclamó públicamente su excarcelación inmediata mediante un pronunciamiento difundido en la cuenta de la red social X que utilizaba durante su gestión presidencial.

El exmandatario exhortó a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a las autoridades del sistema de justicia peruano a implementar las recomendaciones formuladas por el GTDA.

Asimismo, sostuvo que ignorar dicho pronunciamiento implicaría una vulneración del derecho internacional y una profundización de la presunta persecución política en su contra.

Qué dice el informe de la ONU

El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, fechado el 4 de junio y difundido esta semana, concluye que la detención de Castillo tras los hechos del 7 de diciembre de 2022 se realizó sin una base legal suficiente.

Según el documento, la intervención se efectuó sin una orden judicial previa, sin informar adecuadamente los motivos de la detención y sin respetar la inmunidad presidencial que ejercía en ese momento.

Por mayoría, el panel de expertos concluyó que la privación de libertad vulneró disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que recomendó al Estado peruano disponer su liberación y otorgarle una indemnización.

La sentencia vigente y otros procesos pendientes

Sin embargo, el informe de la ONU se refiere a la detención inicial y a las medidas restrictivas adoptadas tras los hechos de diciembre de 2022, mas no a la situación jurídica actual del exmandatario.

Castillo permanece privado de su libertad debido a la sentencia emitida en diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial, que lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Además, el exjefe de Estado afronta una segunda medida de prisión preventiva en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía por presuntamente liderar una organización criminal.

Pronunciamiento no tiene carácter vinculante

Especialistas en derecho internacional han señalado que las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no tienen carácter vinculante para el Poder Judicial peruano.

Por ello, el informe no obliga a los jueces a ordenar la liberación de Castillo ni a suspender automáticamente la ejecución de la condena.

Asimismo, el dictamen no fue adoptado por unanimidad. Dos de los cinco integrantes del panel, la jurista ucraniana Ganna Yudkivska y el experto surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, emitieron una opinión disidente al considerar que la detención del exmandatario no fue arbitraria.

Ambos sostuvieron que el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio del poder y no un caso relacionado con la libertad de expresión o la participación política.