Una investigación periodística difundida por el programa Cuarto Poder reveló la existencia de una presunta red de recaudación de fondos "paralela" dentro del partido Juntos por el Perú, destinada a financiar la presentación de impugnaciones de actas electorales tras la segunda vuelta presidencial.

El reportaje mostró conversaciones de WhatsApp pertenecientes al grupo de coordinación regional de Piura denominado "Amigos de Lucha 2026", donde se evidenciaría el uso de cuentas distintas a las oficiales para recolectar aportes económicos de militantes y simpatizantes.

Chats revelan uso de cuentas no oficiales

Según la investigación, la alerta surgió cuando integrantes del partido detectaron la circulación de un afiche alternativo para solicitar contribuciones económicas.

En dicho material, el número telefónico de la tesorera oficial del partido, Luzmila Ayay, habría sido reemplazado por el de Dacia Romero, personera legal de Juntos por el Perú en Huancavelica.

De acuerdo con el informe, esta situación habría permitido que parte de los aportes fueran dirigidos a cuentas personales que no estaban bajo supervisión de la dirigencia nacional ni del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Asimismo, el reportaje señala que la diputada electa por Huancavelica, Catherin Palomino, habría impulsado la recaudación paralela.

Personera asegura que actuó por emergencia

Tras la difusión del reportaje, Dacia Romero reconoció que facilitó su número telefónico para recibir aportes, aunque sostuvo que la decisión respondió a una situación de emergencia y que fue coordinada previamente.

"Soy la personera legal del partido en la región de Huancavelica y se ha hecho esto por una circunstancia de emergencia", declaró.

Romero afirmó que algunos simpatizantes realizaron transferencias por error a cuentas distintas a las oficiales luego de la difusión de mensajes en grupos de WhatsApp.

Además, indicó que el dinero recibido en su cuenta, aproximadamente S/ 4.000, fue posteriormente transferido a la cuenta de la tesorera oficial del partido.

Como respaldo, mostró capturas de las operaciones bancarias que, según su versión, acreditarían el traslado de los fondos.

Tesorera niega autorizaciones y transferencias

Sin embargo, la versión de Romero fue contradicha por la propia tesorera del partido.

A través del área de prensa de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay aseguró que nunca autorizó el uso de cuentas alternativas para recaudar dinero en nombre de la organización política.

Asimismo, negó haber mantenido coordinaciones con Dacia Romero o Catherin Palomino respecto a esta colecta.

Según el pronunciamiento difundido por el partido, la tesorera también afirmó que no recibió ninguna transferencia proveniente de las cuentas de ambas dirigentes.

"La tesorera afirma que no ha recibido ninguna transferencia proveniente de la señora Dacia Romero ni de la señora Catherin Palomino", señaló el comunicado.

Especialistas piden intervención de la ONPE

El caso generó cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos partidarios durante el proceso electoral.

El presidente del Instituto Aklla, José Tello, consideró que los hechos evidencian una presunta informalidad en los mecanismos de financiamiento político.

En ese sentido, sostuvo que corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales evaluar la información revelada.

Asimismo, indicó que, de encontrarse indicios suficientes, la ONPE podría remitir el caso al Ministerio Público para una investigación más profunda.

Según explicó, dicha pesquisa debería incluir peritajes contables, revisión de movimientos bancarios y la identificación de posibles responsables.

Caso podría derivar en investigaciones administrativas y penales

La denuncia abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre el financiamiento partidario y el control de los aportes económicos durante los procesos electorales.

Por ahora, las versiones contrapuestas entre las dirigentes involucradas mantienen abiertas las interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados y la existencia o no de una estructura paralela de financiamiento dentro de Juntos por el Perú.

Las autoridades electorales serán las encargadas de determinar si existieron irregularidades y si corresponde iniciar procedimientos administrativos o acciones judiciales relacionadas con el manejo de estos fondos.