El líder del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, reveló que sostuvo una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, en la que planteó analizar mecanismos legales que permitan la eventual liberación del expresidente Pedro Castillo como parte de una estrategia orientada a la reconciliación y despolarización del país.
Durante una conferencia de prensa posterior al encuentro, Nieto precisó que su propuesta no implica solicitar un indulto directo para el exmandatario.
"Le he sugerido que considere las rutas para que eso sea dentro de un marco del Estado de derecho y de la Constitución", afirmó.
Según explicó, cualquier medida relacionada con la situación de Castillo debería formar parte de una política más amplia de reconciliación nacional que correspondería impulsar al próximo gobierno.
La reunión se realizó en Lima y contó con la participación de representantes electos de Buen Gobierno, entre ellos los senadores electos Flavio Figallo y Nora Bonifaz, así como el diputado y vocero parlamentario Óscar de Jesús Reto.
Nieto dejó en claro que su agrupación no formará parte del futuro gabinete ministerial de Keiko Fujimori.
Por el contrario, sostuvo que ejercerán una "oposición leal", respaldando aquellas iniciativas que consideren beneficiosas para el país y cuestionando las que estimen inconvenientes.
El partido logró obtener siete escaños en el Senado y 18 curules en la Cámara de Diputados durante las últimas elecciones generales.
Durante el encuentro, la crisis de inseguridad ciudadana también ocupó un lugar prioritario en la agenda.
Nieto expresó su rechazo a una estrategia centrada exclusivamente en la confrontación armada contra las organizaciones criminales y citó el caso de México como una experiencia que no debería replicarse en el Perú.
Según indicó, la lucha contra el crimen organizado debe apoyarse principalmente en inteligencia, innovación tecnológica y una profunda reforma institucional de la Policía Nacional del Perú.
En esa línea, el general Óscar de Jesús Reto propuso fortalecer los sistemas de inspectoría y contrainteligencia dentro de la institución policial.
"Hay que reconocer que es una institución muy horadada por la corrupción y por la delincuencia", manifestó Nieto al referirse a la situación de la PNP.
Otro de los temas abordados fue la preparación del país frente a un eventual Fenómeno El Niño Costero.
Nieto advirtió que existen retrasos en las acciones preventivas y expresó preocupación por información que habría recibido respecto a la desactivación de mallas de contención instaladas en quebradas de Santa Eulalia, Chaclacayo y Chosica.
Según señaló, dichas estructuras fueron implementadas durante el gobierno de Ollanta Humala para reducir el impacto de huaicos y deslizamientos.
"Si eso es así, eso sería un gravísimo error", sostuvo.
El dirigente explicó que estas infraestructuras permitían retener piedras, troncos y otros materiales de gran tamaño en las partes altas de las quebradas, disminuyendo el potencial destructivo de los huaicos en zonas urbanas.
Asimismo, recomendó restablecer esos sistemas y desplegar maquinaria preventiva en los puntos considerados de mayor riesgo.
La propuesta de Nieto se produce en medio de nuevos movimientos legales relacionados con la situación judicial de Pedro Castillo.
El exmandatario permanece recluido en el Penal de Barbadillo tras haber sido condenado en primera instancia a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
La sentencia se encuentra actualmente en proceso de apelación ante la Corte Suprema.
Además, el pasado 10 de julio de 2026, la defensa del exjefe de Estado presentó una nueva solicitud de gracia presidencial común ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.
El pedido está sustentado, entre otros argumentos, en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que calificó su detención como arbitraria y recomendó su liberación.
Por su parte, el presidente José María Balcázar reconoció recientemente que dicho pronunciamiento internacional podría modificar el escenario jurídico para analizar eventuales solicitudes relacionadas con la situación de Castillo, aunque aclaró que el informe no tiene carácter vinculante para el Estado peruano.