La situación judicial de Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, podría tomar un nuevo rumbo tras su salida hacia México. El excanciller Hugo de Zela afirmó que el Estado peruano conserva la posibilidad de solicitar su extradición, siempre que exista un requerimiento formal de la Corte Suprema.

De acuerdo con el exministro de Relaciones Exteriores, el otorgamiento de asilo y salvoconducto no impide que las autoridades peruanas activen los mecanismos internacionales previstos en los tratados vigentes. En ese escenario, correspondería al Poder Judicial evaluar y tramitar una eventual solicitud para que Chávez responda ante la justicia peruana.

La exfuncionaria es investigada por su presunta participación en los hechos vinculados al intento de quiebre del orden constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso. Chávez ha rechazado las acusaciones en su contra.

El debate sobre una eventual extradición surge luego de que el Gobierno peruano otorgara el salvoconducto solicitado por México para permitir la salida de la ex primera ministra, quien había recibido asilo político. La decisión también marcó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras varios meses de tensión.

Especialistas en derecho internacional han señalado que el asilo político y la extradición son mecanismos distintos. Por ello, una eventual solicitud peruana dependerá de las decisiones judiciales y de la evaluación que realicen las autoridades mexicanas conforme a sus compromisos internacionales.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate político y jurídico debido a sus implicancias en las relaciones bilaterales entre Perú y México y en los procesos derivados de la crisis política de diciembre de 2022.