Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en los procesos de contratación y ascenso de personal en la Defensoría del Pueblo, institución encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor. El informe señala que algunas personas habrían obtenido órdenes de servicio, contratos bajo el régimen CAS y cargos de responsabilidad luego de sostener reuniones con el titular de la entidad.

Según el reportaje difundido por el programa Cuarto Poder, registros oficiales de visitas muestran que varias personas sin experiencia previa en el sector público ingresaron al despacho del defensor y posteriormente fueron contratadas por la institución. La investigación también advierte que algunas funcionarias habrían sido designadas en puestos de alta responsabilidad pese a observaciones relacionadas con los perfiles exigidos para esos cargos.

Contrataciones bajo la lupa

Entre los casos mencionados figura el de Lucía Yalán Cano, quien sostuvo una reunión con Josué Gutiérrez en junio de 2024 y, semanas después, obtuvo órdenes de servicio en la Defensoría del Pueblo antes de incorporarse al régimen CAS.

El reportaje también señala una situación similar respecto a Nicole Mingos Medrano, quien visitó el despacho del defensor y posteriormente accedió a órdenes de servicio y a una contratación en planilla.

La especialista en contratación pública Jhoanna Rodríguez, consultada en el informe, cuestionó la coincidencia entre las visitas y las posteriores contrataciones, señalando que estos hechos deberían ser esclarecidos para garantizar la transparencia institucional.

Observaciones en nombramientos y ascensos

La investigación también expone el caso de Betbiary Díaz Coral, quien fue designada en 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud. De acuerdo con el reportaje, la Contraloría General de la República advirtió que no habría acreditado el tiempo de experiencia específica requerido para ocupar el cargo.

Pese a dichas observaciones, posteriormente fue reincorporada en otros puestos dentro de la institución y este año asumió nuevas responsabilidades.

Asimismo, se difundió el caso de Margarita Yahuana Correa, quien participó en un concurso interno mientras laboraba en la entidad. Un informe del Órgano de Control Institucional advirtió una posible afectación a la transparencia del proceso debido a que habría tenido acceso a información vinculada al concurso en el que participaba como postulante. Tras superar el proceso, pasó a ocupar cargos de mayor responsabilidad dentro de la Defensoría.

Piden esclarecer los hechos

Las revelaciones han generado cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y promoción de personal dentro de la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, las denuncias corresponden a hallazgos y observaciones recogidas en el reportaje periodístico y en informes de control citados por la investigación.

El caso se suma a otros cuestionamientos recientes en torno a la gestión de la institución y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en los organismos públicos.