El pedido de facultades legislativas del Ejecutivo enfrenta sus primeros obstáculos en el Congreso. Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados ya aprobaron informes que no recomiendan otorgar al Gobierno las facultades para legislar durante 120 días calendario.
Las comisiones que se pronunciaron en contra son Energía y Minas, Producción, Infraestructura, Vivienda y Transportes, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital. En las votaciones tuvieron un papel determinante los parlamentarios de oposición, con respaldo de las bancadas del Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, entre otras agrupaciones.
El Ejecutivo solicita facultades para legislar sobre 66 puntos, relacionados con áreas como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.
En la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, el informe contrario al pedido fue aprobado por 11 votos a favor y siete en contra.
El documento concluyó que no era viable delegar al Ejecutivo facultades durante 120 días en las materias planteadas. Además, cuestionó que la propuesta otorgara facilidades administrativas y asistencia técnica vinculadas con empresas privadas del sector minero.
La comisión sostuvo que una prioridad debería ser la discusión de la Ley MAPE o una nueva Ley General de Minería. También observó que el planteamiento referido a hidrocarburos era demasiado general y no precisaba si comprendía al petróleo, al gas natural o a ambos.
Asimismo, los parlamentarios cuestionaron la urgencia de modificar normas relacionadas con las concesiones eléctricas y la generación eléctrica, al considerar que esos cambios podían ser debatidos directamente en las comisiones y en los plenos de ambas cámaras.
En la Comisión de Producción, presidida por José Marvin Palma Mendoza, de Fuerza Popular, tampoco prosperó el informe favorable a la propuesta del Ejecutivo.
Los votos del Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras fueron determinantes para impedir la aprobación del pedido. Durante el debate, parlamentarios de Juntos por el Perú y Ahora Nación también expresaron su desacuerdo con la iniciativa.
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, también rechazó el pedido del Gobierno.
Al no existir un informe previo sobre la iniciativa, los integrantes de la comisión decidieron votar directamente la propuesta del Poder Ejecutivo. El resultado fue de 11 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
La decisión generó además cambios en el sentido de algunos votos durante la sesión. Un pedido de reconsideración presentado por el parlamentario Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular, no logró revertir el resultado.
Por su parte, la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, presidida por Diethell Columbus, también terminó rechazando el pedido. Aunque su presidente presentó un informe que recomendaba aprobar las facultades, la oposición se impuso nuevamente con los votos del Partido del Buen Gobierno y Obras.
Mientras varias comisiones expresaron su rechazo, el presidente del Congreso y segundo vicepresidente del Perú, Miguel Torres, pidió que el Parlamento evalúe la posibilidad de aprobar las facultades solicitadas por el Gobierno.
Torres sostuvo que el país enfrenta una situación excepcional y que el Congreso debe analizar la propuesta con responsabilidad y celeridad, especialmente ante la necesidad de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
El titular del Parlamento remarcó que evaluar las facultades no implica renunciar al debate y planteó que los congresistas revisen y ajusten la propuesta antes de tomar una decisión.
En este contexto, el primer vicepresidente y titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, deberá acudir al Congreso para explicar la solicitud del Ejecutivo.
La Comisión de Constitución tiene previsto recibirlo a las 3:00 p. m. para que sustente por qué el Gobierno requiere facultades para legislar durante 120 días y sobre 66 puntos, incluidos temas relacionados con la seguridad ciudadana y la economía.
El debate continuará en las diferentes instancias del Parlamento antes de que se defina el futuro de la solicitud presentada por el Ejecutivo.