Por: Redacción Central

La Corte Suprema evaluará este miércoles 30 de septiembre si corresponde mantener vigente el mandato de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, dentro de la investigación preparatoria relacionada con los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La diligencia se desarrollará de manera virtual desde las 8:30 a. m. y estará encabezada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien realizará de oficio una revisión para determinar si continúan vigentes los presupuestos que dieron origen a la medida coercitiva.

Castillo es investigado en este proceso por los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado peruano y de la sociedad.

Como parte de las disposiciones para desarrollar la audiencia, Checkley remitió un oficio a las autoridades del establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, para que adopten las medidas necesarias que permitan la participación virtual del expresidente.

El magistrado también escuchará durante la diligencia a las demás partes procesales involucradas antes de adoptar una decisión, que se espera sea emitida posteriormente. 

La revisión periódica responde a lo establecido por el Decreto Legislativo 1585, del 22 de noviembre de 2023, así como a jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Estas disposiciones establecen la revisión de una prisión preventiva cada seis meses, con la finalidad de determinar si permanecen las condiciones que justificaron su aplicación. 

El 27 de febrero de 2026, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso prolongar por 12 meses adicionales la prisión preventiva que había sido impuesta al exmandatario en marzo de 2023 dentro de este proceso penal. Posteriormente, la medida fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 

Por otro lado, el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. Se trata de un proceso distinto de la investigación por Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.