El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, descartó que las recientes declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori sobre el pedido de facultades legislativas representen una amenaza contra el Congreso.
Durante una entrevista, Sheput respaldó la posición de la mandataria y señaló que sus expresiones reflejan la preocupación del Ejecutivo por la demora en el debate de la solicitud presentada ante el Parlamento.
La presidenta Fujimori había señalado que el Congreso estaba poniendo a prueba la “paciencia republicana” del Gobierno, luego de varias semanas sin una decisión sobre el pedido de facultades. También sostuvo que cualquier medida que adopte el Ejecutivo se realizará dentro del marco constitucional.
Frente a las críticas de sectores de la oposición, Sheput afirmó que no interpreta estas declaraciones como una amenaza. El ministro cuestionó a quienes relacionaron el mensaje presidencial con un eventual cierre del Congreso y sostuvo que existe una falta de costumbre frente a posiciones firmes dentro de la política.
“Hay una generación de cristal en algunos políticos”, afirmó Sheput durante la entrevista, al referirse a las reacciones generadas por las declaraciones de la presidenta.
Sheput explicó que, si el Parlamento rechaza o archiva la solicitud de facultades legislativas, el Ejecutivo podría presentar proyectos de ley con carácter de urgencia, los cuales tienen prioridad en la agenda parlamentaria.
También mencionó la posibilidad de recurrir a decretos de urgencia para atender situaciones que el Gobierno considere inmediatas, aunque precisó que esta herramienta tiene limitaciones y requiere posteriormente la intervención del Senado.
El ministro también cuestionó el manejo del pedido dentro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y sostuvo que se estarían ampliando los tiempos del debate mediante consultas a otras comisiones.
Por su parte, desde el Gobierno se ha señalado que la solicitud de facultades busca contar con herramientas adicionales para enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana y otros asuntos considerados prioritarios.
El debate continúa en el Parlamento, mientras el Ejecutivo espera una definición sobre el pedido de delegación de facultades legislativas.