La expansión de las inversiones chinas en el sistema eléctrico peruano se refleja en la operación de San Gabán III, una central hidroeléctrica ubicada en Puno que aporta 209,3 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La planta inició sus operaciones comerciales el 30 de mayo de 2025 y está vinculada a China Three Gorges Corporation (CTG), uno de los principales grupos estatales de energía de China.
La participación de CTG en Hydro Global Perú se consolidó en diciembre de 2022, cuando China International Water & Electric Corporation, empresa perteneciente al mismo grupo, adquirió el 50 % que todavía mantenía la portuguesa EDP. La operación fue valorizada en US$68 millones.
El conglomerado también tiene presencia en la central hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco, cuya adquisición fue valorizada en US$1.410 millones y que cuenta con una potencia instalada superior a los 450 MW.
A estas inversiones se suma Luz del Sur, distribuidora cuyo 83,6 % fue adquirido en 2020 por China Yangtze Power, subsidiaria de CTG, en una operación con un precio base de US$3.590 millones.
La compañía también participa en generación eléctrica mediante la central Santa Teresa I y el parque eólico San Juan de Marcona, de 135,7 MW. Además, contempla el proyecto hidroeléctrico Santa Teresa II, en Cusco, con una capacidad prevista de 280 MW e inversión estimada en aproximadamente US$600 millones.
La presencia de capitales chinos no se limita a la generación. China Southern Power Grid International, otro grupo estatal, adquirió Enel Distribución Perú y Enel X por aproximadamente US$2.920 millones. La distribuidora pasó posteriormente a operar bajo el nombre de Pluz Energía.
Según los datos de Osinergmin correspondientes al cierre de 2024, Pluz concentraba el 18 % de los clientes de distribución eléctrica del país, mientras que Luz del Sur reunía el 15 %.
Las cifras empresariales de 2025 dimensionan esta participación: Pluz reportó 1.653.744 clientes y Luz del Sur, 1.379.618. En conjunto, ambas compañías atendieron a más de tres millones de usuarios, alrededor de un tercio del mercado nacional de distribución medido por número de clientes.
Aunque las dos empresas pertenecen a grupos estatales chinos diferentes, su peso en el mercado ha puesto sobre la mesa interrogantes acerca de la competencia, la regulación y la seguridad de la infraestructura eléctrica.
Una investigación del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico estimó que la inversión directa china acumulada en Perú alcanzó los US$27.877 millones al cierre de 2023. De ese monto, alrededor de US$9.166 millones correspondían a generación y distribución eléctrica, según la metodología empleada en el estudio.
El crecimiento de estas inversiones también ha sido objeto de evaluación por parte de las autoridades peruanas.
Durante el proceso de adquisición de Enel Distribución Perú, Indecopi sometió la operación a una segunda fase de evaluación y finalmente la autorizó con condiciones.
La revisión estuvo centrada en el riesgo de que una distribuidora contratara electricidad con empresas vinculadas bajo condiciones que perjudicaran la competencia y pudieran repercutir en las tarifas de los usuarios regulados.
Como parte de las medidas, la autoridad dispuso que determinadas compras de energía se realizaran mediante licitaciones supervisadas por Osinergmin o concursos transparentes y competitivos.
En enero de 2026, Indecopi también sancionó en primera instancia a Luz del Sur con 1.000 UIT, equivalentes a S/5,5 millones, por considerar que había proporcionado información incompleta e incorrecta durante la evaluación de una operación para adquirir plantas solares.
La empresa rechazó esa interpretación, afirmó haber actuado de buena fe y anunció que ejercería su derecho de defensa. La sanción correspondía a una decisión de primera instancia.
El avance de empresas estatales chinas en sectores esenciales ha generado preocupación entre especialistas citados en el informe original de Infobae.
El analista peruano Pedro Yaranga sostuvo que la expansión debe evaluarse junto con la presencia de capitales chinos en otros sectores estratégicos, como la minería, los puertos, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías.
El especialista planteó la necesidad de reforzar las normas destinadas a proteger activos estratégicos y reducir posibles riesgos de dependencia en infraestructura crítica.
Por su parte, Henry Ziemer, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), ha analizado la participación de compañías estatales chinas en redes de distribución y otros activos eléctricos de Sudamérica, considerando también sus implicancias geopolíticas.
Sin embargo, la legislación peruana no agrupa automáticamente a las empresas por su nacionalidad. De acuerdo con las explicaciones atribuidas al exdirector general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Roberto Tamayo, las normas sobre concentración empresarial evalúan compañías y grupos económicos específicos. Por ello, China Three Gorges y China Southern Power Grid son operadores diferentes.
El interés chino por el sector eléctrico peruano continúa en medio de nuevas conversaciones sobre energía, infraestructura y logística.
En septiembre de 2026, el embajador de China en Perú, Song Yang, abordó oportunidades de cooperación en energías renovables, infraestructura moderna, ciudades inteligentes y transferencia tecnológica durante una visita a La Libertad. También se discutieron alternativas logísticas relacionadas con el puerto de Chancay y necesidades de infraestructura eléctrica vinculadas con la industrialización regional.
El potencial energético peruano representa otra oportunidad para futuras inversiones. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Energía y Minas recogidas por Infobae, el país dispone de aproximadamente 70 gigavatios de potencial hidroeléctrico, de los cuales aprovecha el 8,3 %. Además, cuenta con unos 20 gigavatios de potencial eólico y amplios recursos solares.
En este contexto, el desafío para el Perú consiste en atraer inversiones que permitan desarrollar su capacidad energética, sin descuidar la competencia, la supervisión de las operaciones y la protección de la infraestructura considerada estratégica.
El avance de las empresas chinas no implica, por sí mismo, una pérdida de soberanía energética. No obstante, la concentración de activos en grupos estatales extranjeros plantea la necesidad de evaluar las condiciones regulatorias y los mecanismos de control aplicables a los próximos proyectos.